22/9/10

Cuestiones de género...

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Reportaje a la Jueza Carmen Argibay
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“Hay que sacar los crucifijos de Tribunales”

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Sometida a preguntas de dos periodistas, Argibay se explayó sobre las razones por las que es necesaria una ley de aborto, acerca de la trata en el negocio de la prostitución y de la influencia de la Iglesia en Tribunales.

La sociedad está dispuesta a debatir la despenalización del aborto. El temor es de los políticos, sobre todo de los creyentes. El razonamiento lo desarrolló Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema de Justicia, durante una entrevista abierta que cerró el V Encuentro Nacional de la red PAR-Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista. Atea confesa, feminista, descontracturada, antítesis del arquetipo de los jueces argentinos, Argibay respondió preguntas durante dos horas.



–¿De qué manera la Justicia puede cambiarle la vida a una mujer?

El Poder Judicial impacta mucho y mal en la vida de las mujeres. En las facultades nos han enseñado derecho desde el punto de vista masculino. Esto tiene que cambiar, está cambiando. Desde la oficina de la mujer de la Corte hemos organizado cursos de capacitación con perspectiva de género. ¿Por qué? Cuando un señor denuncia que le robaron implícitamente se le cree, pero si una mujer denuncia violencia lo primero que se piensa es que miente. Este tipo de cosas se naturalizan. Por eso la Corte creó la oficina de violencia doméstica.


–Se señala la necesidad de abrir el debate en el Congreso por la despenalización del aborto. ¿Por qué tanta resistencia de los políticos?


Creo que tienen miedo al cambio. Las encuestas muestran que la mayoría de la sociedad quiere que se debata y cree que el aborto clandestino y sin asepsia es la causa de la muerte de muchas mujeres jóvenes, pobres e ignorantes. Pero ese grupo de mujeres no tiene poder. Y hay otra cosa: la “santa madre”. No quiero herir sentimientos, todo el mundo sabe que soy atea. La “santa madre” todavía tiene mucha fuerza y ha llegado a amenazar con la excomunión a legisladores, por ejemplo para no votar mi nombramiento. Hay gente a la que le importa, es parte de su vida, de sus creencias, su fe, que es muy respetable que la tengan.





–Desde lo político, ¿hay un escenario propicio para llevar el tema al Congreso?

Sí, la sociedad ha tomado conciencia de lo que significa no tener una ley de aborto razonable y también de que es posible dictar leyes que signifiquen no una obligación sino un permiso, como con el matrimonio igualitario. Nadie obliga a casarse, es un permiso, lo usa quien quiera. Si la Iglesia se opone al aborto, que se oponga para sus fieles, ¿pero por qué va a obligar a los demás?



–El gobernador de Salta estableció la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas. ¿Es constitucional?

No, el Estado es laico. Quien quiera dar educación religiosa a sus hijos, de cualquier religión, puede mandarlo a una escuela confesional o enseñarle en su casa, pero la escuela pública no puede ser confesional. Hoy analizábamos ese tema con el presidente del Consejo de la Magistratura y con mi colega Elena Highton diciendo “tenemos que sacar los crucifijos de la sala de audiencias”... (la sala, un centenar de personas, mayoría femenina, estalló en aplausos).




–¿No hay una ley que obliga a mantener un crucifijo o virgen instalada?

–No, ya sacamos una. Soy funcionaria de un Estado laico y recibo gente que puede tener todas las religiones o ninguna, eso es libertad de culto. Tener un símbolo religioso condiciona. En un tribunal oral los testigos juran por sus creencias, no le preguntamos cuáles, pero atrás hay un crucifijo que puede influir mal, el testigo puede considerarlo una discriminación. Además, no tiene sentido porque el Estado es laico.


–¿Cuáles serían los argumentos de más peso para debatir la despenalización del aborto?

–La muerte: es la segunda causa de muerte de personas jóvenes. Usaría otro, pero no van a dar bolilla: las mujeres no tenemos derecho a decidir. El principal es tratar de evitar la muerte de jóvenes que por no haber tenido educación sexual enfrentan un problema que no pueden solucionar de otra manera. Los números son muy fuertes.






–¿Es partidaria de penalizar a los clientes-prostituyentes?

–Sí, pero hay otro problema con el tema prostitución: la trata. Estamos intentando convencer a jueces y fiscales sobre el modo de tratar a la víctima, que parece que fuera la culpable. El cliente debiera ser penado, es partícipe de mantener a la mujer en situación de inferioridad, indefensión y vulnerabilidad, pero no todo debe pasar por el Código Penal. La Justicia penal no resuelve problemas. Las organizaciones de trata son muy poderosas. Es imprescindible instalar el tema, no lo veo instalado. Y es importante dejar de repetir que tenemos programas magníficos para la trata si los programas no tienen presupuesto ni personal especializado.



–¿Qué cambió con la llegada de dos mujeres a la Corte?

–El trato en la Corte es diferente, el lenguaje ha cambiado, las actitudes, hay más amabilidad, más alegría y hemos iniciado cosas que no se hicieron nunca, como la oficina de violencia doméstica, que funciona a pleno los 365 días del año. Yo me hice cargo del Cuerpo Médico Forense, en estado calamitoso y sin un reglamento, y ahora Elena (Highton) se está ocupando de los peritos contadores. Eso se hizo porque las mujeres nos arremangamos y dijimos “hay que hacerlo.
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Fuente: Página|12 18/09/10
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9/9/10

No son simples saqueos...



La dictadura militar 
despojó a 604 empresarios de todos sus bienes


Lidia Papaleo viuda de Graiver


Los casos, relevados hasta ahora por la Secretaría de Derechos Humanos, corresponden a exitosos hombres de negocios que resultaban un obstáculo para los grupos monopólicos cercanos a las cúpulas de las Fuerzas Armadas.

En el país hay 604 casos de empresarios despojados por el accionar represor de la última dictadura militar, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos. Son víctimas del saqueo y de delitos de lesa humanidad, debido a que el avance de su actividad económica en determinados rubros era un obstáculo para los grupos monopólicos cercanos al poder político dictatorial. 


 Lidia Papaleo 


La metodología que denunció Lidia Papaleo para explicar cómo Clarín y La Nación se quedaron con Papel Prensa es similar a la que sufrieron todos los dueños de empresas apropiadas: secuestro, amenaza, libertad ambulatoria y firma de cesión de propiedades o acciones a empresas fantasmas y venta final a empresas monopólicas o vaciamiento.



 Carlos y Alejandro Iaccarino


Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino eran prósperos empresarios lácteos hasta que los represores tomaron el poder del Estado. Entonces fueron secuestrados y torturados hasta que –obligados– vendieron sus campos de 25 hectáreas en Santiago del Estero y su avión privado cuyo valor ronda los 120 millones de dólares. A cambio, la familia recibió tres documentos valuados en alrededor de 300 mil dólares y las escrituras de 28 hectáreas de la cancha de golf del Sierras Hotel de Alta Gracia, que actualmente se encuentra en manos del Alta Gracia Golf Club y que aún reclaman los Iaccarino. 



 Daniel Federico Paskvan


En tanto, Daniel Paskvan, un prominente empresario agrícola, perdió durante la dictadura sus fábricas de Roque Pérez y Lobos, y las acciones de otra empresa en Santa Fe. En diálogo con Tiempo Argentino, las víctimas de estos delitos destacaron que todavía están en litigio con el Estado para recuperar sus bienes. Mientras los Iaccarino están en juicio en el Tribunal Federal N˚ 1 de La Plata, a cargo del juez Hugo Corazza, Paskvan logró probar ante la justicia federal los delitos de subversión económica y violación de deberes de funcionario público. Como todavía la provincia de Buenos Aires no lo resarció, viajó el jueves pasado a La Haya para poder recuperar algo de su dinero.


 Luis Alén


Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos, a cargo de la Unidad Especial de Víctimas de Despojo Económico durante la época de la dictadura, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahora querellante en la causa de los Graiver, investiga delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. El funcionario confirmó que hasta ahora están registrados 604 casos de empresarios despojados
“El ministro de Economía de facto José Alfredo Martínez de Hoz y su grupo llevaron adelante una operatoria para concentrar la actividad económica en pocos grupos que respondieran a sus intereses. Hay una actividad común y un modus operandi similar en todas las apropiaciones”, contextualizó.

No son saqueos de las casas de los secuestrados por parte de los grupos de tareas para obtener un botín de guerra, sino que son aquellos casos en los cuales lo que se hizo fue despojar a las víctimas con una motivación que era el despojo planificado. Tenía que ver con el verdadero objetivo que era el sistema económico del cual Martínez de Hoz era la cabeza visible”, explicó Alén. Y agregó: “Es un tipo de delito que no es igual que los crímenes comunes, necesita un tratamiento diferenciado por sus características particulares.



Dos tipos audaces, serios...


Hoy Martínez de Hoz cumple prisión domiciliaria por el caso de los empresarios Miguel y Federico Gutheim, a partir de la derogación del decreto de Carlos Menem que lo indultaba. Los Gutheim, quienes fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976 y quedaron “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” porque Martínez de Hoz estaba negociando créditos con el gobierno de Hong Kong y ellos, dueños de la empresa importadora y exportadora de algodón, tenían desacuerdos comerciales con empresarios asiáticos. Cinco meses de cautiverio bastaron para “ablandar” a los Gutheim para que terminaran firmando lo que pretendía la cúpula represora. 



Dos tipos audaces, sonrientes...


El caso de Daniel Paskvan, el empresario avícola que tenía plantas productoras en Lobos y Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, es tan paradigmático como el de los Gutheim, los Iaccarino y los Graiver. El 16 de mayo de 1980 con un operativo policial y militar los militares toman la empresa por orden del que era entonces ministro del Interior de la última dictadura, Albano Harguindeguy. “Vino la policía y nos dijeron ‘estos son los nuevos dueños’. Nos despojan de todo, de la empresa avícola y la fábrica de alimentos balanceados de Roque Pérez y Lobos, de un depósito en Capital Federal y de varios vehículos. Parecía una película. Todo el personal con uniforme de combate rodeando la empresa en el medio del campo. En ese momento ningún escribano nos quiso hacer un acta en que figurara que teníamos la empresa tomada por el ejército”, recordó.



Albano Harguindeguy, 
ministro obediente...


Los militares no necesitaron secuestrar a Paskvan para hacerse de las acciones de las dos empresas, ya que las robaron directamente del Banco Tornquist, propiedad del grupo de Héctor Capozzolo. “Agarran las acciones y se quedan con las dos empresas, una de Santa Fe, de mi padre, Dalmacio Paskvan, que era el principal accionista y la otra de Roque Pérez y Lobos, de la que éramos dueños mi padre y yo.” 

Según cuenta este empresario, una empresa multinacional que se llamaba Nutrimentos, que había comprado parte de la empresa local Purina, “pretendía quedarse con nuestras empresas y pasar a manejar el mercado”.


 Daniel Paskvan


Paskvan inició una tarea judicial titánica para poder probar estos delitos y hasta ahora logró probar defraudación, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el juzgado penal de La Plata. En los tribunales de Azul probó subversión económica. Sin embargo, todavía no pudo recuperar un peso de todo lo perdido. Las acciones robadas de la empresa de Santa Fe no las volvió a ver, pero a partir de las condenas por el operativo en la provincia de Buenos Aires, recuperó la administración judicial de lo que quedaba de su empresa: sólo deudas. “Me devolvieron un muerto”, sintetizó.
En estos días viajó a la ciudad de La Haya en donde tramita desde hace tres años una causa en la Corte Penal Internacional.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Alén opina que “el país sigue pagando las consecuencias de estas acciones. Es necesario establecer las complicidades del bloque civil con la parte militar, ya que fue una dictadura cívico-militar. Los grupos concentrados tuvieron una fuerte participación para instalar un modelo que pretendía que hubiera pocos grupos con actividad concentrada, y todo lo que se les escapaba tenía que ser suprimido.



Fuente: Tiempo Argentino - Gimena Fuertes 
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